(Andina). Las encuestadoras tendrán que entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la base de datos de sus estudios de opinión, que incluya los nombres de cada uno de los entrevistados, sus DNI, teléfonos y direcciones, a fin de optimizar la fiscalización de esos estudios.
El organismo electoral modificó para ese fin el reglamento del registro electoral de encuestadoras, mediante la resolución 038-2011, para “realizar un submuestreo de lo presentado, que permitirá verificar el grado de coincidencia, y catalogar la calidad de esta en tres niveles: no confiable, confiable y aceptable”.
Además, el JNE señala que esta información, proporcionada por las encuestadoras, tiene carácter secreto y no podrá ser revelada de forma individualizada a efectos de no transgredir el secreto estadístico y la confiabilidad de la información.
De acuerdo a las modificaciones efectuadas en el artículo 8 del reglamento, las empresas encuestadoras también deberán incluir en sus informes que presentan ante el JNE, las tasas de respuestas y de no respuestas.
La primera, se refiere, al total de personas que aceptaron ser encuestadas y la segunda son las personas que rechazaron o no pudieron participar en la encuesta.
Según la citada normatividad las encuestadoras que incumplan con el reglamento pueden ser multadas e incluso suspendidas del registro de encuestadoras a emitir sondeos durante los procesos electorales.
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